El análisis de Baker Tilly de las opciones de financiamiento de CPS confirma lo que muchos padres y líderes comunitarios han temido por mucho tiempo: cubrir este pago de pensiones de $175 millones forzará a CPS a un escenario sin salida, recortes masivos a mitad de año o más deuda. Ninguno de los dos beneficia a nuestros estudiantes.
—Hal Woods, Jefe de Políticas
Antecedentes
CPS se enfrenta a una presión inmediata para cumplir con tres compromisos financieros significativos antes del final del año fiscal actual, que termina el 30 de junio del 2025:
Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA, por sus siglas en inglés) con la Unión de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés)
Convenio Colectivo con la Asociación de Directores y Administradores de Chicago (CPAA, por sus siglas en inglés)
Acuerdo intergubernamental (IGA, por sus siglas en inglés) para el pago de una pensión del Fondo de Anualidades y Beneficios de los Empleados Municipales (MEABF, por sus siglas en inglés).
Un nuevo informe del Grupo Asesor Baker Tilly, contratado por la Junta de Educación de Chicago, concluye que las opciones disponibles para cubrir estas obligaciones plantean riesgos significativos para la estabilidad financiera del distrito y para el funcionamiento de los salones de clases, especialmente teniendo en cuenta que quedan menos de cuatro meses del año fiscal.
Puntos clave del informe de Baker Tilly
Recortes presupuestarios a mitad de año
El presupuesto operativo de $8,400 millones de CPS está compuesto en un 70% por salarios y beneficios. Lograr recortes de $175 millones en tres trimestres del año fiscal requeriría reducciones significativas del personal o hasta 10-11 días de permiso en todo el distrito, según las estimaciones de Baker Tilly
Menos personal y días de instrucción perjudican inmediatamente a los estudiantes.
CPS ya está luchando para cerrar una brecha de $200 millones por ingresos de impuestos de reemplazo de propiedad personal más bajos de lo esperado y sobrecostos en educación especial y transporte.
Excedente adicional de la Financiación por Incremento de Impuestos (TIF, por sus siglas en inglés )
La ciudad declara excedentes TIF, distribuyendo una parte a CPS. Aunque se esperan $298 millones en el año fiscal 2025, no está garantizado que haya más excedentes.
Dado el retraso en el año fiscal, solicitar excedentes TIF adicionales a la ciudad es un reto político.
Préstamos y Reestructuración de la Deuda
CPS tiene $9,300 millones en obligaciones existentes y se enfrenta a tipos de interés más altos debido a su calificación de bonos de mala calidad. Cualquier nuevo préstamo puede ayudar a resolver una crisis de liquidez a corto plazo, pero obliga al distrito a cargar con más gastos de intereses.
El informe de Baker Tilly señala que cualquier reestructuración de la deuda requeriría amplias revisiones jurídicas y financieras. Baker Tilly señala que no son asesor municipal de CPS, por lo que un equipo financiero independiente tendría que gestionar la emisión de bonos o la reestructuración. Dado que la Junta sólo tiene 48 horas hasta que voten y alrededor de tres meses por delante en el año fiscal, hay margen limitado para ejecutar una refinanciación compleja.
Trasladar la deuda a futuros años fiscales "supone echar la casa por la ventana", forzando potencialmente mayores recortes en el futuro y arriesgándose a más rebajas de la calificación crediticia.
El informe no deja lugar a dudas: el endeudamiento para financiar el pago de pensiones de la ciudad de $175 millones plantea riesgos financieros significativos y puede bloquear CPS en una posición fiscal aún peor en el futuro.
Conclusión
El informe de Baker Tilly confirma que CPS no tiene una manera viable de absorber la cuenta de pensiones de $175 millones de la Ciudad sin perjudicar el aprendizaje de los estudiantes ya sea este año a través de recortes inmediatos o en el futuro a través de un aumento en el servicio de la deuda. El tiempo apremia, y cada solución propuesta deja al distrito extremadamente vulnerable.
Con la Junta a punto de decidir esta semana, Kids First Chicago, las familias y los miembros de la comunidad instan a un enfoque más sostenible, uno que mantiene los recursos en los salones de clase, aborda el déficit estructural de hace mucho tiempo y no carga a los estudiantes con un costo que la Ciudad está legalmente obligada a asumir.
Pedimos a los miembros a votar "no" en el traslado efectivo de estos costos a los niños y en su lugar trabajar hacia soluciones sostenibles que mantienen los recursos donde pertenecen: en nuestras escuelas.
Firme nuestra carta a la Junta de Educación
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